TRANSCENDIDOS SOBRE ADENDAS GASÍFERAS QUE DEBEN ACLARARSE

César Gutiérrez

Las empresas, Transportadora de Gas del Perú SA (TGP) y Cálidda, han venido propagandizando sendas inversiones de 2,000 millones de dólares (MMUS$) y 400 MMUS$, respectivamente; que han sido tomadas con entusiasmo tanto por el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero; como por el director ejecutivo de Proinversion, Luis del Carpio.

Más allá de una serie de observaciones sobre estos proyectos que he venido mencionando en diversos artículos publicados en este diario; hay trascendidos que son alarmantes y que corresponde aclarar a los capitostes del Minem, Proinversion y el Ministerio de Economía y Finanzas.

En el caso de TGP que ofrece desarrollar el proyecto denominado Gasoducto Costero que uniría el ducto Camisea-Lima, desde la localidad de Humay en la provincia de Pisco, de la región Ica, con las termoeléctricas de Puerto Bravo, ubicada en Mollendo y NEPI localizada en Ilo; habrían propuesto que en el caso hubiese oposición vía conflictos sociales en la costa sur, debería darse por cumplida su promesa inversora con la terminación del ducto y un City Gate en la localidad de Marcona, de la provincia de Nazca, Ica.

Esa posición es inaceptable, ducto de gas natural (GN) entre Pisco y Marcona ya existe, construido por la concesionaria colombiana Contugas, que lo desarrolló para la petroquímica proyectada por la americana CF Industries, que luego abortó por los bajos de precios del GN en los Estados Unidos a partir del año 2009. Ningún valor aportará un gasoducto redundante sin demanda garantizada.

El trascendido relacionado con la distribuidora de GN de Lima y Callao, Cálidda, más allá de la pretensión que vía adenda se le prorroguen el contrato hasta el 2043 y adicionalmente le otorguen la concesión en 7 regiones más; es que estaría solicitando que se le reconozca un valor residual al término de la concesión original en el 2033.

El concepto en estas concesiones es que, en el período de vigencia vía tarifa recuperen su inversión y su costo de operación y mantenimiento, calculado con una tasa de descuento de 12% anual en dólares.  Terminado el plazo no hay nada más que reconocer.

Hay que estar vigilantes que las autoridades de turno no vayan a ceder a estos despropósitos que se rumorean intensamente.