PÉSIMA RELACIÓN ENTRE EMPRESAS ESPAÑOLAS Y ESTADO PERUANO

César Gutiérrez

Mientras en Perú la diplomacia habla del periplo del barco Sebastián Elcano con la presencia de la princesa Leonor y el conservadurismo nos predica la hispanidad, la relación entre empresas españolas y el estado peruano viven sus peores momentos, con una serie de contenciosos con pretensiones cruzadas que fácilmente superan los 5,000 millones de dólares (MMUS$).

Importante conocer por donde empiezan las discrepancias, luego del entusiasta arribo de las empresas ibéricas en el primer quinquenio de los 90. El caso más significativo fue la adquisición de las empresas de telecomunicaciones estatales por parte de Telefónica Internacional por 2,002 MMUS$.

Después de 31 años, Telefónica del Perú es una empresa venida a menos, con un patrimonio magro de 129 MMUS$ y pasivos de 2,410 MMUS$, que ha sido vendida por 1.0 MMUS$ a una empresa argentina sin pergaminos para gestionar una teleco con 12 millones de abonados. La discusión central es con SUNAT que ha comunicado muy mal sus razones y es señalada como responsable del desastre empresarial.

Se tiene también en la lista de problemas el caso de ACS, que participa en el consorcio que se adjudicó hace 11 años la Línea 2 del Metro de Lima por 5,685 MMUS$ y tiene serias discrepancias con el concedente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La causa, las carencias en el contrato de concesión formulado por Proinversion.

Siguiendo con los temas conflictivos, está el contencioso arbitral con la empresa Enagas, por el caso del Gasoducto Sur Peruano, que exige un pago al Estado por 500 MMUS$, de los cuales el CIADI ya les otorgó 200 MMUS$ y está en evaluación un reclamo de la empresa española por la diferencia. La causa del desentendimiento, un decreto de urgencia formulado por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en enero del 2017.

Finalmente, tenemos el derrame de 12,000 barriles de petróleo crudo en el mar de Ventanilla en enero del 2022, donde se tiene sin definir responsabilidades y reparaciones a favor del Estado, involucrándose a la hidrocarburífera Repsol SA y la aseguradora Mapfre SA.

Demasiados conflictos donde quedamos en evidencia que somos pésimos gestores hasta para reclamar nuestros derechos, para la opinión del empresariado internacional aparecemos como culpables.